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Reacciones en el Congreso sobre la recalificación de delitos a Hinostroza

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Horacio Pacori dijo que respetaba la autonomía de la fiscalía, Javier Velásquez sostuvo que era una decisión controversial y César Segura pidió que se actúe dentro de lo que establece la Constitución
El congresista Horacio Pacori (Nuevo Perú), miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se mostró de acuerdo con la decisión del Poder Judicial de cambiar la tipificación de los delitos imputados al destituido juez César Hinostroza y a los ex miembros del CNM Guido Aguila e Iván Noguera.

Este miércoles el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó el pedido de la fiscalía para investigar a César Hinostroza, ya no por patrocinio ilegal como se autorizó en el Congreso, sino por tráfico de influencias agravado. Igualmente dispuso que los ex consejeros Aguila y Noguera sean indagados por cohecho pasivo impropio en lugar de simple patrocinio ilegal.
Pacori sostuvo a través de su cuenta de Twitter que la decisión de la fiscalía está amparada en el artículo 450, inciso 6, de Código Procesal Penal. Esa norma dice que si de la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada por la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal puede pedir la recalificación y que no se requiere la intervención del Congreso.

“Respetamos su autonomía [de la fiscalía], corresponde que hechos investigados por acusación constitucional se adecuen al delito que considere”, escribió Pacori, quien presentó el informe final sobre las denuncias constitucionales contra Hinostroza en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En tanto que Javier Velásquez Quesquén (Apra), también miembro de la subcomisión, sostuvo que la resolución dictada por el juez supremo Hugo Núñez Julca es “una decisión controvertida”.

El parlamentario indicó que el último párrafo del Artículo 100 de la Constitución señala que la denuncia fiscal no puede aumentar ni disminuir los términos de la acusación del Congreso. Según el legislador este párrafo crea muchos problemas.

Velasquez recordó que el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso en el 2004 a modificar la última parte de ese párrafo pues estaría afectando la autonomía del Ministerio Público.

“Yo creo que la fiscalía debe tener toda la autonomía para calificar las conductas típicas. Lo que el poder político debe hacer en el proceso de antejuicio es tamizar y verificar si no hay elementos extraños que se imputan al alto funcionario y autorizar su procesamiento, nada más, y evitar que el Ministerio Público pueda pedir una recalificación en el curso del procedimiento”

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