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DECLARAN EN EMERGENCIA 16 DISTRITOS MAS DE CAJAMARCA

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Ante solicitud del Gobierno Regional de Cajamarca por los desastres y daños causados, tras las intensas lluvias que azotan la región.

Dieciséis nuevos distritos, de ocho provincias cajamarquinas, fueron declarados en emergencia por 60 días a partir del 02 de abril, tras los desastres y daños causados por las intensas lluvias que azotan la región y la solicitud realizada por el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Oficina de Defensa Nacional; según precisa el Decreto Supremo N° 053-2019-PCM.

Los distritos son Jaén (provincia de Jaén), San Miguel y Llapa (San Miguel), Sorochuco y Jorge Chávez (Celendín), Chilete, Guzmango, Cupisnique, y Santa Cruz de Toledo (Contumazá), Sócota (Cutervo), Ninabamba (Santa Cruz), Chimbán y Paccha (Chota), Encañada, San Juan y Matara (Cajamarca).

“La Oficina de Defensa Nacional solicitó la declaratoria de emergencia gracias a los informes técnicos remitidos por las municipalidades de provincias y distritos afectados. Fueron 34 distritos que solicitaron, pero tras la evaluación de documentos presentados quedaron 16, los que ya fueron declarados en emergencia”, comentó el director de Defensa Nacional, Jorge Torres Monteza.

Doce distritos que tienen daños y no fueron considerados en las dos declaratorias de emergencia ya levantarán las observaciones de sus informes técnicos y serán incluidos en una nueva solicitud ante la PCM que se presentará el viernes 29 de marzo.

El Gobierno Regional de Cajamarca y los gobiernos locales involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo, de la Producción; y Energía y Minas, ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, las que deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento.

La implementación de las acciones previstas en el decreto supremo, se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.

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